sábado, 18 de noviembre de 2017

GRACIAS AL PP Y AL PSOE

Tomado del Independiente: 

https://www.elindependiente.com/economia/2017/11/16/los-espanoles-pagan-recibo-luz-4-700-millones-la-gran-industria-parar-cinco-horas-10-anos/amp/

 

 Los españoles pagan con el recibo de luz 4.700 millones a la gran industria por parar cinco horas en 10 años.

 

David Page

16 de noviembre 2017

Los consumidores eléctricos españoles asumen cada año a través de su recibo de luz pagos millonarios a las grandes industrias. Es el denominado servicio de interrumpibilidad, un sistema que garantiza que grandes fábricas pararán y dejarán de consumir electricidad (o recortarán su consumo) en caso de que existan picos de demanda tales como para generar un riesgo de problemas de suministro. El Gobierno quiere ahora facilitar que las plantas tengan que parar también cuando haya subidas disparadas de los precios eléctricos.
El actual servicio de interrumpibilidad se creó en 2008. En los primeros años los pagos a las fábricas se realizaban mediante un modelo de precio regulado de la electricidad, y desde 2014 se realizan subastas en las que las industrias presentan sus ofertas para optar a las ayudas (la próxima subasta se celebrará a mediados de diciembre) a cambio de estar dispuestas a desconectar sus factorías de la red en caso de ser necesario.
Durante la década en que este sistema ha estado en vigor, los consumidores han pagado a través de sus recibos de luz 4.746 millones de euros a la gran industria, según datos de la extinta Comisión Nacional de la Energía (CNE) y de la actual Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC). Sólo este año el coste de este mecanismo ha sido 525 millones de euros que se cargan en cada factura eléctrica.

Dos parones, y sólo por averías

A pesar del enorme coste de este programa, sólo ha sido necesario utilizarlo en dos ocasiones en la última década. Sólo dos veces han tenido que parar su actividad durante unas horas un puñado de fábricas por requerimiento de Red Eléctrica Española (REE), el operador del sistema y el encargado de ordenar los paros en caso de ser necesario.
Una en junio de 2016 y otra en octubre de 2017, nada más, según confirman a El Independiente fuentes del sector eléctrico conocedoras de la situación. Y en ambos casos fue por averías, no por un exceso de demanda que pusiera en peligro el suministro.
En una década sólo se ha ordenado parar tres fábricas en dos ocasiones y fue por averías en la red
El 8 de junio del pasado año Red Eléctrica ordenó parar durante dos horas a las plantas asturianas de Alcoa, Arcelor y Asturiana de Zinc por un fallo de una subestación de la red eléctrica. Y el pasado 2 de octubre fueron las mismas compañías las afectadas por el parón de sus plantas durante apenas una hora cada una, esta vez por una avería en la central eléctrica de Aboño.
En total, las paradas de las factorías han sido sólo de cinco horas en 10 años. Y sólo han afectado a tres de los cerca 140 puntos de suministro que se benefician de las ayudas. La reducidísima utilización del servicio de interrumpibilidad ha provocado que desde hace tiempo desde el sector eléctrico se critique su mantenimiento y se denuncie que se trata sólo de un sistema de subvenciones encubiertas a la gran industria para reducir sus costes energéticos y mejorar así su competitividad.

Ninguna parada de 2001 a 2016

El servicio de interrumpibilidad actual se aplica desde 2008. Antes de esa fecha Red Eléctrica también podía ordenar a grandes fábricas que cesaran o redujeran su consumo eléctrico con las que tenía contratos para ello. Pero el operador del sistema tampoco tuvo que recurrir demasiado a estas medidas drásticas en los años anteriores, y la anterior ocasión en que ordenó un parón de actividad había sido en 2001, según confirman fuentes internas de REE a El Independiente.
En 2001 se dieron hasta diez órdenes de interrumpir el consumo. En aquel momento, el riesgo de apagones era continuo porque la capacidad de generación del sistema eléctrico español era insuficiente a momentos para atender picos de demanda.
Desde el sector eléctrico se critica el sistema por tratarse de subvenciones encubiertas para la gran industria
La demanda eléctrica de aquella España que presumía de su milagro económico crecía con fuerza mientras que la capacidad de producirla llevaba estancada desde mediados de los ochenta. Desde 1987, cuando se abrió la última de las centrales nucleares- la de Trillo, en Guadalajara-, hasta ese principio de siglo la potencia instalada del sector eléctrico patrio se había mantenido prácticamente sin cambios.
El Gobierno de la época, el segundo presidido por José María Aznar, animó a las eléctricas -con previsiones desorbitadas de crecimiento del consumo futuro- a llenar el país de centrales de gas natural para producir electricidad. Y posteriormente, ya con José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa, llegó el boom de las renovables.
El resultado de ambos procesos es que España cuenta con una potencia instalada total de 105.000 megavatios. Y nunca ha hecho falta a la vez siquiera la mitad de toda esa potencia. El récord histórico de punta de demanda se alcanzó en diciembre de 2007, cuando las empresas y los hogares del país hicieron uso de 45.450 MW. El máximo alcanzado el año pasado se quedó en 40.489 MW.

CNMC critica su “elevado coste” y su poco uso

La CNMC ha aprovechado el informe preceptivo sobre la orden con la que el Ministerio de Energía introduce reformas en el servicio de interrumpibilidad para cargar con dureza contra este mecanismo por su “elevado coste” a pesar de estar “apenas utilizado”, y por eso reclama al Gobierno que justifique la necesidad de mantener este servicio.
La CNMC reclama al Gobierno que justifique la necesidad de mantener las ayudas por su poco uso
El supervisor considera que una reforma del mecanismo de interrumpibilidad “debe abordarse lo antes posible”. En este sentido, la CNMC propone que se diseñe una metodología para calcular previamente las necesidades de cobertura de interrumpibilidad, y no como se hace actualmente, que se utiliza el volumen de interrumpibilidad supuestamente necesaria como un dato de partida en el análisis de la cobertura.
Asimismo, el organismo arremete contra el relativo secretismo que gira en torno a este sistema y solicita que Red Eléctrica o el Ministerio de Energía hagan pública información sobre el uso efectivo del servicio de interrumpibilidad de manera periódica.
En cualquier caso, la CNMC valora positivamente la decisión del Gobierno de flexibilizar los criterios para que se haga uso de este servicio por motivos económicos y se haga parar fábricas en caso de que exista riesgo de fuertes subidas de la electricidad. De esta forma “se hará mayor uso del mecanismo, lo que supondrá una reducción del coste del servicio”, se apunta en el informe.

 

miércoles, 12 de julio de 2017

jueves, 22 de junio de 2017

DE CÓMO ESPEJEL PROTEGIÓ A BILLY EL NIÑO.



La presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional liberó al torturador e impidió su extradición, a la que luego se opuso también el PSOE.



Dolores de Cospedal impone la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafor a Concpeción Epejel, en febrero de 2014


Madrid | 21 de Junio de 2017


Se llama Antonio González Pacheco (Aldea del Cano, Cáceres, 1946). Se apoda Billy El Niño y es un conocido torturador que gozaba aplicando sus tormentos en la Dirección General de Seguridad franquista. Los relatos de sus víctimas son sobrecogedores y de dominio público. Con la Transición se convirtió en inspector del Cuerpo Superior de Policía y en 1977, Rodolfo Martín Villa le concedió la Medalla al Mérito Policial. 
Martín Villa fue presidente de Endesa antes de que José María Aznar lo pusiera al frente de la gestión del Prestige (2003), antes de que Jesús de Polanco lo nombrara presidente de Sogecable (2004), antes de que Luis de Guindos lo designara consejero del Sareb, el Banco malo (2012). Pero antes, mucho antes de todos esos democráticos nombramientos, fue uno de los responsables de la Matanza del 3 de marzo (1976) en Vitoria, donde murieron cinco trabajadores y más de 150 resultaron heridos. O sea, responsable de la mayor carnicería de la Transición. Pero eso fue antes de tanto nombramiento.
De hecho, un año antes de condecorar al sanguinario torturador conocido como Billy El Niño.
Y todo lo anterior contribuye a entender el papel de la recién nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción García Espejel –'Concha', amiga de María Dolores de Cospedal, secretaria general del PP–, su responsabilidad en el hecho de que el torturador siga en la calle con todos sus derechos intactos, protegido además. 
Los autos de Espejel
El 18 de septiembre de 2013, la jueza argentina María Servini de Cubría dictó orden de busca y captura, a través de Interpol, contra cuatro torturadores franquistas: Antonio González Pacheco, alias Billy el Niño; José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal, y contra el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, por torturas y crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la dictadura. 
Concepción García Espejel presidió el tribunal de la Audiencia Nacional que no solo consideró que no se trataba exactamente de torturas, sino que, si había algún delito, ya había prescrito. Además, dictó un auto previo prohibiendo a los medios de comunicación fotografiar la cara del “reclamado” y suspendió las medidas cautelares ordenadas por el juez Pablo Ruz: retirada del pasaporte, obligación de comparecer semanalmente en el juzgado y de facilitar un teléfono de contacto en el que estar permanentemente localizable.
Para prohibir la fotografía o grabación de Billy El Niño, el tribunal de Espejel argumentaba que era “esencial destacar que el reclamado ha mostrado su oposición clara y contundente a que su imagen sea grabada en la vista y posteriormente reproducida por los medios de comunicación”. Se sumaban a la petición del torturador la defensa y el Ministerio Fiscal. Asimismo, el Tribunal presidido por Espejel argumentaba que entre los derechos de Billy El Niño, “cuyo conflicto con el de información habrá de resolverse en cada caso concreto conforme a las exigencias del principio de proporcionalidad y ponderación, se encuentra el derecho a la propia imagen”. Finalizaba el auto: “Atendidas la ausencia de consentimiento del afectado y las razones invocadas por su defensa, en aras a salvaguardar su integridad física, se autoriza exclusivamente un barrido posterior desde el fondo de la Sala”. O sea, el cogote. 
De nada sirvió que las asociaciones de víctimas denunciaran dicha decisión. El 10 de abril de 2014, la hoy presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prohibió a los medios de comunicación difundir cualquier imagen de la cara del torturador.
Veinte días después, el 30 de abril de 2014, Espejel presidió el tribunal que tenía que conceder o no la extradición de Billy El Niño a Argentina “para ser juzgado por delitos de torturas constitutivas de delito de lesa humanidad”. Se denegó la extradición, para empezar, “al estar prescritos los hechos conforme a la legislación española del delito por el que se le reclama”. 
Pero, además, añadía: “No todo delito de tortura es, per se, delito de lesa humanidad, porque tales delitos conllevan necesariamente como presupuesto inexcusable que los mismos ‘se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil’, lo que no se aprecia en el caso”. 
Y, finalmente, el tribunal presidido por Espejel ofrecía una singular clasificación de las torturas sobre la que basaba la negativa de extradición del torturador: “Algunas de las denuncias narran detenciones por motivos políticos, por manifestarse las víctimas contra hechos cometidos por la dictadura franquista en cuanto tal, y otras, por el contrario, son víctimas ajenas a la reivindicación política, tratándose de torturas perpetradas tras detenciones verificadas en una manifestación contra la carestía de la vida; otras, finalmente, en relación con personas a las que se consideraba próximas a organizaciones terroristas”. No se indicaba cuál de ellas, si es que había alguna, era considerada delito por el tribunal. 
El papel del PSOE
Además de la extradición de los agentes torturadores, la jueza Servini, en el marco de la llamada Querella Argentina, solicitaba a España la de tres ministros franquistas: Alfonso Osorio, Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, acusados de crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura de Franco. 
En aquel momento, exactamente el 29 de abril de 2015, el PSOE se unió al ministro Rafael Catalá y rechazó la extradición. Entre otros argumentos de difícil defensa, el diputado socialista José Ignacio Sánchez Amor declaró en el Congreso de los Diputados que “en una democracia, los verdugos también tienen derechos, nosotros se los hemos dado”. 
La decisión del PSOE no sorprendió a las asociaciones pro derechos humanos ni a las víctimas. Sólo cuatro meses antes, todos los damnificados habían celebrado en el Congreso un acto por los Derechos Humanos para pedir a la Cámara que colaborara con la Querella Argentina. El 10 de diciembre de 2014, ante dicha delegación, el 90% de los diputados decidió no acudir a la Cámara. Exactamente los pertenecientes a PP, PSOE, UPyD y CiU. 
Por parte del PSOE sólo acudieron Odón Elorza e Ignacio Sánchez Amor, en calidad de “público”.
Los torturadores y asesinos de la dictadura franquista jamás han sido juzgados, ya que se beneficiaron de la Ley de Amnistía aprobada en 1977. Dicha estratagema, una ley de punto final encubierta, consiguió dejar impunes todos los delitos del franquismo. 
En diciembre de 2016, Podemos presentó una Proposición no de Ley para que se modificara la Ley de Amnistía y se añadiera un artículo estableciendo que no se aplicaría en los casos “de torturas, desapariciones forzadas, crímenes de genocidio o de lesa humanidad”. La coalición morada se amparaba en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas, que España suscribió en abril de 1977. De hecho, el relator especial de la ONU del Consejo de Derechos Humanos, Pablo De Greiff, ya había instado al Gobierno español a dejar sin efecto la Ley de Amnistía, y denunciado su uso como herramienta política. 
El 20 de diciembre de 2016, el PSOE, junto con PP y Ciudadanos, vetaron dicha modificación. 
Decenas de denuncias
Esta semana, decenas de víctimas de los suplicios de Billy el Niño acudirán a los tribunales españoles a denunciar al torturador franquista. Consideran que se trata de crímenes de lesa humanidad, y por lo tanto deben ser juzgados y no prescriben. Además, opinan que, mientras no se condene a los torturadores de la dictadura, no estará completa la Transición. 
Teniendo en cuenta la premiada trayectoria política y empresarial de Rodolfo Martín Villa, uno de los reclamados por la jueza Servini por crímenes contra la Humanidad, se hace difícil contemplar la posibilidad de éxito de su empeño. Más, considerando que han pasado solo dos años desde que el PSOE se unió al rechazo de su extradición, algo que al PP se le suponía.
Si además se observa que la presidenta del tribunal que lo dejó en libertad es la misma que acaba de ser nombrada presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, el retrato que arrojan las mayorías políticas de este país es la cara de la cruz de dichas víctimas. 

Autor

·         Cristina Fallarás